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El trágico legado de Felipe Calderón
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La libertad de prensa ha sido otra víctima de esta “guerra contra el narcotráfico”, pues desde 2006 hubo “42 ataques violentos contra medios de comunicación -ataques de granada, autos explosivos, ataques de grupos que entran a la redacción y le prenden fuego o ráfagas de arma de fuego desde fuera- y sólo del sexenio 47 periodistas asesinados en razón muy probablemente a su trabajo”, enumera Juan Carlos Romero, oficial adjunto del Programa de Libertad de Expresión de Artículo 19, una de las asociaciones más activas en denunciar los abusos contra al prensa.

Como consecuencia, el crimen organizado ha dejado “totalmente silenciadas algunas regiones” del país “en las que no se publica información que los grupos locales (del crimen organizado) no aprueban con antelación”, alerta Romero. Mientras, agrega, el gobierno “ha hecho poco para abatir la violencia contra periodistas en los últimos años”. Creó una fiscalía especializada para atender los delitos contra la prensa, pero en sus seis años de vida sólo ha logrado una sentencia condenatoria y fue por una amenaza contra un periodista hecha por Internet.

“Ese es el sello que va a dejar el gobierno de Calderón: una estrategia fallida, una estrategia que muchos sabían que iba a terminar como terminó”, señala el analista político José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). “Desde que empezó esa estrategia varios expertos señalaban que así acabaría, que esa estrategia, dadas las condiciones con las que opera el narcotráfico, lo único que iba a generar era mayor violencia, a exacerbar la respuesta del narcotráfico frente al Estado”.

Debilitamiento del Estado

Pese a las advertencias y a que desde el principio se veían que la violencia no hacía más que crecer, Calderón insistió en su política de seguridad. “El Estado quedó debilitado, quedó como en evidencia de que no puede controlar ese tipo de fenómeno, ni siquiera con el ejército (…) En algunas regiones se perdió control en lugar de haberlo recuperado. Ahora hay ciudades enteras importantes, donde no hay un control por parte del Estado, que están un poco a la deriva”, explica Crespo.

Calderón durante su última reunión con el gabinete de seguridad
Felipe Calderón reunido con su gabinete de seguridad. (Fuente: Presidencia de México).
 

 “La propia democracia”, asevera, “queda vulnerada en la medida en que no logra controlar esta situación, puede ser rebasada” y “las elecciones, manchadas, amenazadas, penetradas con dinero del narco en algunos comicios locales”.

Hay municipios, regiones enteras en las que las autoridades han sido totalmente rebasada y están prácticamente bajo control del crimen organizado. Además, las víctimas le ha reprochado a Calderón, no sólo lo ineficaz y contraproducente de su estrategia, sino la total desatención con los afectados.

Durante mucho tiempo el gobierno calderonista intentó restar gravedad a la situación identificando por sistema a los asesinados con criminales caídos en ajustes de cuentas. Pero poco a poco la sociedad civil fue respondiendo y los familiares de las víctimas se organizaron en asociaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, impulsada por el poeta Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo en un tiroteo en marzo de 2011. Desde entonces, este organismo fue un flagelo que le reclamó a Calderón por su política de seguridad y su trato a las víctimas, y le exigió un cambio de planteamiento para enfrentar el problema de las drogas.

Aunque Calderón desestimó el debate sobre la posible legalización de las drogas que reclamaban varias figuras de América Latina, incluidos algunos presidentes y expresidentes, recibió un varapalo el pasado 6 de noviembre cuando dos estados de Estados Unidos, Washington y Colorado, votaron a favor del legalizar el “uso recreativo” de la marihuana.

Después de insistir en el combate frontal y militar contra el narcotráfico, a apenas unas semanas de terminar su gobierno y en vista de que esta opción había ido ganando terreno en el mundo, se pronunció a favor de “revisar el enfoque prohibicionista” y de “buscar alternativas, incluso alternativas de mercado” en toda América respecto a esta droga.

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